Las políticas públicas en la seguridad ciudadana
En un contexto de creciente preocupación por la seguridad ciudadana, es imperativo observar los cruentos acontecimientos ocurridos en Jalisco, que resaltan la urgencia de ampliar el horizonte de las políticas públicas en materia de seguridad en Hidalgo. El gobierno de Julio Menchaca ha anunciado una inversión que supera los 2 mil millones de pesos para mejorar la seguridad y el sistema de justicia. Sin embargo, es crítico replantear las políticas existentes y evaluar su efectividad.
En este sentido, los índices delictivos en Hidalgo durante el año 2023 revelan un aumento del 18.5% en comparación con años anteriores. Esto significa que, por cada 100 mil habitantes, hay 17 mil 863 víctimas. Si bien las cifras son menores que en estados como Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán, es un indicativo del trabajo que queda por hacer. Importante es mencionar también que, en los últimos tiempos, se han implementado nuevas políticas públicas para fortalecer la seguridad ciudadana, así como protocolos de control y prevención del delito.
El papel del gobierno estatal
El gobierno de Menchaca ha mostrado un compromiso con el fortalecimiento de la seguridad a través de una revisión crítica de las estructuras y leyes que rigen el sistema de justicia en Hidalgo. Con esto, se busca adaptar el marco normativo a una época que demanda una respuesta más ágil y eficiente ante la criminalidad.
Hacia un futuro más seguro
Las nuevas iniciativas en la seguridad buscan generar una cohesión social que active la prevención efectiva del delito. Esto no solo implica mejorar la respuesta institucional, sino también fomentar un trabajo coordinado entre los cuerpos de seguridad pública y la ciudadanía. Los protocolos de atención a víctimas de delitos deben ser una prioridad, garantizando el debido proceso y estableciendo una verdad histórica para las víctimas.
Desafíos y oportunidades en Hidalgo
A medida que se trabaja en la reforma del Poder Judicial y en la creación de leyes más efectivas, es crucial que el Congreso local se convierta en un actor proactivo en la vigilancia de la complejidad del delito asociado a la seguridad ciudadana. La creación de un marco legislativo adecuado será clave para abordar no solo la violencia intrafamiliar, que también ha mostrado un incremento, sino todos los aspectos que afectan la seguridad de los habitantes de Hidalgo.
En conclusión, la viabilidad de las nuevas políticas públicas dependerá de su continuidad y adaptación, independentemente de quien ocupe el Ejecutivo en el futuro.
