Indignación en Taxhido por intento de apropiación
Los habitantes de Taxhido, en Tepeji del Río, se encuentran en medio de un conflicto debido a un intento de apropiarse de una vía pública que ha sido de uso colectivo durante más de 80 años. Presuntamente, Alejandro Vázquez Guerra, el exdelegado de la zona, busca convertir un tramo de la calle Lázaro Cárdenas en propiedad privada, lo que podría restringir el acceso a decenas de familias que han transitado por ella sin restricciones a lo largo de generaciones.
Este intento ha generado una profunda preocupación entre los vecinos, quienes afirmaron: “Es una calle que siempre ha sido de todos; no permitiremos que nos la arrebaten”. Según documentos, Vázquez Guerra basa su reclamo en un levantamiento topográfico realizado por un perito privado, aunque esta vialidad no ha tenido antecedentes de disputa legal desde su apertura y es considerada un bien de dominio público.
Apoyo político y legal al exdelegado
Fuentes cercanas al caso indican que Vázquez Guerra cuenta con el apoyo de una regidora local, ofreciendo asesoría jurídica y contactos con figuras clave del gobierno estatal y diputados de su partido. Esta situación resulta alarmante, ya que el exdelegado ha sido objeto de controversias en el pasado por conflictos de interés y enfrentó una destitución durante su mandato.
Reacción de los vecinos y acciones futuras
Ante esta alarmante situación, los vecinos de Taxhido han exigido la intervención del Ejecutivo y las autoridades municipales para proteger el bien común. La comunidad se organiza con la esperanza de mantener el acceso a la calle que durante tanto tiempo ha sido parte de su vida diaria, convenciéndose de que la lucha por sus derechos puede hacer frente a estos intentos de despojo.
Compromiso de la comunidad
Las declaraciones de los vecinos resaltan el compromiso por defender su patrimonio común y su espacio en la comunidad. Vázquez Guerra, a pesar de sus intentos de cerrar el paso, se enfrenta a una comunidad unida que no está dispuesta a ceder. El desenlace dependerá de las autoridades y de la capacidad de los ciudadanos para hacerse escuchar en su lucha por la justicia.
