Pide CNDH invalidar 38 leyes de ingresos municipales por “cobros excesivos”
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha iniciado una acción de inconstitucionalidad contra 38 leyes de ingresos municipales en el estado de Hidalgo, publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) el 31 de diciembre de 2024. Estas leyes han sido objeto de controversia, ya que, según la CNDH, imponen cobros exorbitantes e injustificados por servicios tan esenciales como la reproducción de información y el alumbrado público.
La CNDH sostiene que las tarifas establecidas en estas leyes no reflejan los costos reales de los servicios, violando así el principio de justicia tributaria. Por ejemplo, los cobros por certificación y expedición de copias oscilan entre 49.90 y 275.10 pesos. Además, las tarifas para constancias de documentos en archivos van de 14.80 a 114.70 pesos.
Alumbrado Público en Centro de la Controversia
En cuanto al alumbrado público, la CNDH afirma que solo la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está autorizada para realizar estos cobros, lo cual pone en entredicho la legalidad de las tarifas impuestas por los municipios.
Los municipios que están involucrados en esta acción incluyen Acatlán, Alfajayucan, y Mineral de la Reforma, entre otros, todos ellos con sus propias legislaciones que podrían estar en riesgo de ser invalidadas.
Que Implica esta Acción para los Residentes de Hidalgo
Para los ciudadanos de Hidalgo, el resultado de esta acción de inconstitucionalidad puede tener repercusiones significativas, ya que se traduciría en una optimización de los costos que actualmente están obligados a asumir.
Reacciones de los Alcaldes y Gobernadores
Los diversos alcaldes y gobernadores del estado han expresado diferentes opiniones sobre esta acción. Algunos apoyan la iniciativa de la CNDH, mientras que otros consideran que la autonomía municipal debe ser respetada.
En conclusión, la CNDH busca garantizar que las tarifas sean justas y proporcionales, cumpliendo con las normas de transparencia y equidad.
La acción no solo busca corregir injusticias específicas, sino también establecer un precedente que proteja los derechos de los ciudadanos en su relación con las autoridades municipales.
