No podemos darle la espalda a la democratización del Poder Judicial: Ordaz
La diputada Liz Ordaz Islas, del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), defendió en el Congreso local la Reforma Judicial como una transformación histórica para Hidalgo. Esta reforma busca democratizar el Poder Judicial y garantizar un acceso efectivo a la justicia para todas y todos los hidalguenses.
En su intervención, Ordaz subrayó que esta reforma responde a una deuda histórica con la ciudadanía. Por años, la justicia ha estado controlada por intereses alejados del pueblo, lo que ha generado corrupción y desigualdad.
“Hoy tenemos la responsabilidad de aprobar una reforma que hará historia y nos mantendrá en la ruta correcta.
Estamos construyendo un sistema judicial que garantice transparencia, independencia y acceso real a la justicia.
El pueblo nos ha dado su confianza para transformar las estructuras que han sostenido la corrupción y la impunidad.
No podemos fallarles.
No podemos dar la espalda a la democratización del Poder Judicial”, puntualizó.
Impacto en la transparencia y rendición de cuentas
La diputada también habló sobre el impacto positivo de la reforma en la transparencia y la rendición de cuentas del sistema judicial. La elección democrática de jueces y magistrados permitirá que la ciudadanía vigile y exija justicia imparcial. Esto erradicaría las redes de tráfico de influencias que han dificultado el acceso equitativo a la justicia.
Ordaz Islas enfatizó que esta iniciativa se alinea con la Cuarta Transformación del país, promoviendo la transparencia, participación ciudadana e independencia judicial.
La justicia debe servir a todos
Al comparar este modelo con sistemas internacionales, la diputada defendió la legitimidad del Poder Judicial y hizo un llamado a la oposición, que ha cuestionado la reforma.
“La imparcialidad no significa alejarse del pueblo. Al contrario, significa que la justicia sirva a toda la ciudadanía, no a los intereses de unos cuantos”.
Ordaz también destacó la importancia de esta reforma para las comunidades más vulnerables, especialmente en zonas marginadas y pueblos indígenas, donde el acceso a la justicia ha sido históricamente limitado.
