Contratos de Caasim con Williams ‘N’ en Zimapán
Varios contratos han sido celebrados entre el Gobierno del Estado de Hidalgo y Williams ‘N’, a pesar de que su titular en la Secretaría de la Contraloría, Álvaro Bardales Ramírez, ha manifestado no tener conocimiento de los mismos. Registros en la Plataforma Nacional de Transparencia confirman la existencia de al menos dos contratos que generan ciertas inquietudes en la población.
El primero de estos contratos fue firmado en julio de 2023 por la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim) por un monto máximo de 257,985 pesos, destinado a la adquisición de refacciones y otros equipos. Sin embargo, el carácter de Williams ‘N’ ha suscitado controversias, colocando en el punto de mira la transparencia del proceso.
Contexto del escándalo en Zimapán
Las implicaciones de contratar a Williams ‘N’, quien ha sido señalado en casos de abuso infantil, han llevado a la tía de las víctimas, Aylen Trejo, a alzar la voz. Afirmó que su hermano ha prestado distintos servicios al gobierno, indicando la posibilidad de que se hayan utilizado prestanombres para ocultar las actividades comerciales del acusado. Esto plantea serias preguntas sobre las prácticas de contratación del gobierno estatal.
Investigaciones y posturas oficiales
Bardales Ramírez ha declarado que, aunque investigó el nombre de Williams ‘N’, no encontró contratos a su nombre. Sin embargo, no descarta la posibilidad de que se hayan llevado a cabo los contratos a través de una empresa, lo que complica aún más la situación.
En relación a la continuación de las relaciones mercantiles con el acusado, el contralor ha explicado que, mientras no exista una sentencia definitiva o la inhabilitación por parte de la ley, el gobierno no puede proceder a dar de baja a un proveedor.
Reflexiones sobre la ética gubernamental
Este escándalo pone de relieve la necesidad de una revisión profunda de las pautas éticas y legales que rigen las contrataciones en el gobierno local. Los ciudadanos merecen la certeza de que sus autoridades actúan con integridad y transparencia.
Esencialmente, cualquier persona puede estar inscrita en el padrón mientras no esté sentenciada o inhabilitada. Esta declaración cierra el círculo sobre la polémica, pero también deja a la comunidad con más preguntas que respuestas. ¿Qué pasos tomará el Gobierno del Estado para garantizar que situaciones como estas no vuelvan a ocurrir?
