Contexto del Aumento de Adeudos
La situación financiera de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) ha estado bajo escrutinio debido a un adeudo significativo de más de 37 millones de pesos que ha persistido desde 2019. Esta situación llevó a la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim) a advertir sobre el corte del suministro de agua, un requerimiento que finalmente fue respondido por las autoridades universitarias a través de un amparo.
El Amparo y sus Consecuencias
El 30 de octubre de 2023, la UAEH promovió un amparo contra el requerimiento de pago que amenazaba con suspender el servicio de agua, afectando por ende a estudiantes y docentes. Un juez federal determinó que el caso debía ser sobreseído, pero la universidad decidió acudir a una segunda instancia apostando a la defensa de sus derechos.
Resolución del Segundo Tribunal Colegiado
Recientemente, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito resolvió a favor de la UAEH, indicando que, si bien la Caasim tiene la autoridad para solicitar el pago y cortar el suministro en áreas administrativas, esta medida no podía aplicarse a las instalaciones educativas.
Detalles del Acuerdo Judicial
El acuerdo, registrado bajo el expediente 1883/2024, estipula que la Caasim deberá garantizar el servicio de agua potable de manera continua en las instalaciones destinadas a los estudiantes y docentes. Según lo detallado, de no cumplir con esta resolución, Caasim podría enfrentar multas significativas y la remisión del caso a instancias superiores.
Con esta resolución se asegura que el servicio educativo en la UAEH continúe sin interrupciones, resaltando la importancia del acceso al agua potable no solo como un recurso básico, sino como un componente esencial para la educación.
Implicaciones para la UAEH
Este fallo representa una victoria significativa para la UAEH y su comunidad estudiantil. Garantiza que los estudiantes no se vean perjudicados en su acceso a los servicios básicos, lo cual es crucial para su desarrollo educativo. Asimismo, establece un precedente sobre la relación entre instituciones educativas y entidades gubernamentales en la gestión de servicios públicos.
